La III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña acogió una mesa redonda de excepción. El comisario Esteban Gándara, jefe la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía; el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil (SEPROSE); y Cristina Secades, subdirectora de la Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña.

 
NOTICIA III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña

Los artífices de la nueva ley responden las dudas del sector

17/12/2013

La nueva Ley de Seguridad privada está a punto de ver la luz. Son muchas las expectativas puestas sobre ella, aunque de momento sólo se conoce el texto que están debatiendo los grupos políticos en el Parlamento.
Mesa redonda: Proyecto de Ley de Seguridad Privada

 El resultado definitivo suscita muchas preguntas en el sector, especialmente en aquellos puntos del proyecto que no terminan de convencer. Para resolverlas, la III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña acogió una mesa redonda de excepción. El comisario Esteban Gándara, jefe la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía; el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil (SEPROSE); y Cristina Secades, subdirectora de la Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña, respondieron a las cuestiones que formuló la moderadora, Ana Borredá, directora de Seguritecnia. Las dudas fueron elaboradas a partir de las consultas de los socios de ACAES y ADSI.

Formación de directores

La primera de ellas se refirió al artículo 29 relativo a la formación del personal. Esta disposición señala que los jefes y directores de Seguridad podrán acceder a la profesión a través de un grado universitario “o bien del título del curso de dirección de seguridad reconocido por el Ministerio del Interior”. Esa segunda opción plantea dudas acerca de la viabilidad del grado a efectos prácticos. Por ello las preguntas en este caso fueron: “¿Consideran viable el modelo implantado? ¿Cabría la exigencia de distinto nivel formativo en función del nivel de riesgo de la actividad que desarrolla la empresa para la que trabaja el director de Seguridad?”.

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Comisario Esteban Gándara (UCSP).

El comisario Esteban Gándara indicó que desde el punto de vista de la regulación, “no es sencillo establecer un modelo de formación” porque ésta es competencia del Ministerio de Educación. El comisario jefe de la UCSP apuntó la posibilidad de que este artículo varíe, separando la formación de los jefes y directores para que cada perfil tenga una sola vía de acceso. Pero para ello, “sería necesaria la intervención del Ministerio del Interior y también del de Educación cuando regule esos estudios”.

Por su parte, el coronel César Álvarez aseguró que la posibilidad de que existan diferentes niveles formativos en función del riesgo de la actividad “es algo que ya está previsto en la nueva ley”. Además observó que “desde ese presupuesto, tiene sentido la existencia de dos vías de acceso a una profesión con distinto nivel formativo”.

Agente de la autoridad

La segunda pregunta puso el foco en el artículo 31, que regula la protección jurídica de agente de la autoridad del personal de seguridad. Según el texto del Proyecto, “se consideran agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus funciones”. Y la duda al respecto fue: “¿Consideran que de esta manera se refuerza convenientemente la autoridad del personal de seguridad privada en el nuevo escenario que contempla la Ley?”.

El jefe del SEPROSE explicó que, en este caso, “lo que interesa es que este personal vea reforzada su autoridad con algunas de las condiciones de las que goza un agente de la autoridad”. Álvarez apuntó que quizás este precepto también se enmendará para que esa protección jurídica se acote a situaciones y servicios determinados. No obstante, este profesional apuesta por ir a más e incluir en el texto “la presunción de veracidad” para el personal de seguridad privada.

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Coronel César Álvarez (SEPROSE).

Cristina Secades se mostró de acuerdo con esto último. Para la subdirectora de la Administración de Seguridad de Cataluña, falta protección jurídica en el ámbito administrativo para los profesionales privados. “Esto contribuiría a una mayor dignificación del personal de seguridad privada y a que tuviera un mayor respeto por parte de la ciudanía”. Además, continuó, “facilitaría la labor de las unidades [policiales] que se encargan de la tramitación de los procedimientos sancionadores”.

Finalmente, el comisario jefe de la UCSP reiteró que ese artículo se redactó tal y como está para que el personal de seguridad privada “obtenga en el ejercicio de su profesión un resultado similar que cuando le ocurre algo a un agente de la autoridad”.

Por otro lado, manifestó su satisfacción por el hecho de que la reforma del Código Penal haya incluido, por primera vez, a la seguridad privada en sus disposiciones.

Vigilantes en CRA

La tercera cuestión giró en torno a los artículos 32 y 47, que atribuyen a los vigilantes de seguridad las funciones operativas propias de las centrales receptoras de alarmas (CRA). Esto supondrá mayores costes para las empresas al tener que contratar a vigilantes y además impedirá que personas discapacitadas accedan a ese puesto. Por ello, la consulta fue: “¿Qué ha motivado la sustitución de los operadores de CRA por vigilantes de seguridad? ¿Consideran que debe rectificarse la solución ofrecida en el Proyecto de Ley incluyendo al actual operador de CRA dentro del personal de Seguridad Privada o mediante otras soluciones?”.Cristina Secades opinó que “las funciones de recepción, verificación y transmisión no son propiamente de vigilancia”, por lo que “no es necesario que las hagan vigilantes de seguridad”. Para la Generalitat de Cataluña, la figura más idónea para llevar a cabo esos cometidos son los operadores y aboga por que exista una formación específica para ellos.

César Álvarez explicó que el Proyecto de Ley Seguridad Privada contemplaba en un primer momento al operador como una nueva figura del sector; sin embargo, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Economía rechazaron esa posibilidad puesto que “no se puede aumentar el número de profesiones”. La alternativa que se adoptó fue atribuir esas funciones a los vigilantes, aunque el jefe del SEPROSE reconoció que quizás esa no es la mejor opción. “Lo que no podía ser era mantener la situación actual, en la que el operador realiza el servicio sin ninguna profesión específica ni control de calidad”, puntualizó.

En relación con esta última observación, Esteban Gándara añadió que tampoco existe ningún “control de moralidad”.

Verificación con arma

El siguiente artículo que se puso en cuestión fue el 40, en el que se obliga a portar armas de fuego a los vigilantes que presten un servicio de verificación personal de alarmas. La moderadora explicó que este planteamiento “conlleva una serie de dificultades y de responsabilidades que no pueden ser pasadas por alto”. Por ello preguntó: “¿Qué ha motivado esta previsión normativa? ¿Consideran factible la supresión o en su caso matización de este precepto, teniendo en cuenta las variables singulares de cada servicio?”.

El coronel César Álvarez defendió que “la seguridad del vigilante está ante todo”, independientemente de que con este artículo el servicio de verificación personal se pueda encarecer para las empresas. Aún así, no descartó que pueda haber “matizaciones” en el texto definitivo.

Fuente: Seguritecnia.

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Cristina Secades (Generalitat de Cataluña).

Por otro lado, Cristina Secades consideró que “resulta desproporcionado que el servicio se preste con arma”. Lo argumentó en base al procedimiento de recepción de alarmas en Cataluña: “según la Orden 198/2010 del Departamento de Interior de la Generalitat, cuando se activan dos detectores de una instalación automáticamente se considera una alarma real; entonces el operador avisa a los Mossos d´Esquadra y son éstos quienes responden al salto de alarma”. Desde esa premisa, continuó su exposición: “los servicios de verificación personal que tendrán que prestarse con arma serán en la mayoría de los casos porque sólo ha saltado un detector o porque no se haya podido descartar que sea una falsa alarma. Y la experiencia nos dice que cuando hay un salto de alarma es por fallos de sistema, mala praxis, etcétera”.

En último lugar, el comisario Esteban Gándara refrendó que, según la legislación, una alarma verificada debe comunicarse “inmediatamente” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). “Por tanto, el problema no es si las alarmas son falsas o no, el problema es que si estamos ante una verificación personal es porque no se ha verificado por otro medio”, señaló.

Alarma incomunicada

La última cuestión trató el artículo 57. En uno de sus puntos, establece como infracción “muy grave” el retraso o la falta de transmisión a las FCS de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, “cuando estas conductas no estén justificadas”. Sin embargo, el Anteproyecto consideraba este supuesto una falta “grave”. La pregunta fue: “Teniendo en cuenta que en este caso no se trata de incumplimientos esenciales y de relevancia, sino que se refieren a la actividad diaria de la empresa de seguridad. ¿Qué ha motivado su inclusión como ‘muy grave’ en el Proyecto? ¿No consideran que la introducción de la salvedad ‘cuando estas conductas no estén justificadas’ abre una vía interpretativa amplísima que puede traducirse en una elevado grado de inseguridad jurídica para la empresa de seguridad?”.

Respecto a la primera parte de la pregunta, el comisario jefe de la UCSP explicó que en un principio se aceptó el tratamiento que hace la ley actual sobre las alarmas no comunicadas. Sin embargo, tras “un estudio más pormenorizado” se consideró que “no es lo mismo una falsa alarma que una alarma real no comunicada” y como consecuencia se establecieron diferentes niveles de gravedad.

Y en relación con la salvedad que hace el artículo, los tres ponentes afirmaron que precisamente ese supuesto es el que permite que las centrales argumenten las razones por las que no han comunicado una alarma real. De ahí que, como señaló Gándara, “si la no comunicación está justificada, el régimen sancionador no hace culpable a la empresa”, aclaró.

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