Seguridad en Museos y Patrimonio Histórico: desde el capitel LUCES Y SOMBRAS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD Ángel Martín Esteban / Vicepresidente primero de PROTECTURI

Julian Flores Garcia
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Seguridad en Museos y Patrimonio Histórico: desde el capitel
LUCES Y SOMBRAS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD
Ángel Martín Esteban / Vicepresidente primero de PROTECTURI

Ángel Martín Esteban, vicepresidente primero de PROTECTURI
Recientemente, el Ministerio del Interior ha publicado cinco Órdenes Ministeriales que vienen a refrescar y actualizar la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, así como algunas Órdenes Ministeriales anteriores que desarrollaban aspectos tratados en dichas normas.
Con la perspectiva que me proporcionan veinte años de trabajo en el Área de Seguridad de Patrimonio Nacional, esperaba la publicación de estas Órdenes como agua de mayo, convencido de que en las mismas se concretarían medidas de seguridad específicas, tendentes a regular los museos y centros culturales que figuran abiertos al público en toda España, a definir modelos de protección de los restos arqueológicos e, incluso, a abordar las circunstancias en que se encuentran las grandes colecciones privadas que no se exponen al público de forma permanente. Por último, albergaba esperanzas de que se citara una metodología de seguridad para los centros religiosos, que, en España, llegan a alcanzar 600 millones de visitas anuales –tantas como el Metro de Madrid, la red de ferrocarriles nacionales y todos los aeropuertos que tutela el Estado juntos–.
A día de hoy, y tras una lectura sosegada de las Órdenes, encuentro que hay luces y sombras en la redacción de estos textos que me han dejado con la miel en los labios. Me explicaré.Las luces
Cuando hablo de luces, me refiero a que, por primera vez, se cita la palabra “museo”, que hasta la fecha el legislador obviaba de manera incomprensible, camuflándola en la ambigua expresión de “galería de arte”, uniendo este término a un totum revolutum de joyerías, platerías y tiendas de antigüedades.
En efecto, la Orden Ministerial INT/317/2011, en su artículo 17, apartado 1, cita de forma expresa a los museos, así como a los lugares en los que se fabriquen, restauren, almacenen o exhiban objetos pertenecientes a éstos, como establecimientos obligados a contar con determinadas medidas de seguridad.
Por fin, parece claro que los museos, talleres de restauración, almacenes, salas de exposiciones, etc. son establecimientos obligados por la normativa de seguridad privada –un salto cualitativo de primer orden– y que, precisamente por ello, deben contar con unos sistemas y medios técnicos de seguridad dedicados a la protección del establecimiento y del contenido histórico, artístico y cultural de éste, pasando a estar tutelados por la disciplina del Ministerio del Interior, a efectos exclusivos de seguridad.

Estas mismas Órdenes Ministeriales citan expresamente, aunque sin grandes variaciones sobre otras normas anteriores, las condiciones de seguridad que deben regir en el transporte de las obras de arte. Apartado en el que, por ignorancia de la mayoría, se incumplían preceptos ya regulados, aunque de forma algo confusa, en textos normativos anteriores.
Cree el legislador con acierto que la itinerancia de las obras de arte debe adecuarse a unos procedimientos preventivos de seguridad que minimicen el riesgo de un potencial acto antisocial, y es una verdad incontestable que a los anteriores se unían otras amenazas graves que por prudencia prefiero no citar.
Esta operativa estaba muy bien securizada en el circuito de las obras de arte de primer nivel y entre los grandes museos. Ahora, y con la publicación de la norma, se generalizará, lo que supone un avance considerable.

Sombras

En cuanto a las sombras, es evidente que el regulador no ha profundizado en una descripción exhaustiva del catálogo de elementos de seguridad que deben dar protección a los museos, al no definir con claridad el nivel exigido para estos sistemas de seguridad, tal y como sucede cuando se habla de las entidades financieras, joyerías y farmacias. Concretar estos apartados hubiese facilitado enormemente el trabajo de los directores y departamentos de Seguridad, que, por su omisión, se ven obligados a defender proyectos cuasi-elementales ante los gestores de sus centros, que se muestran muy renuentes a la hora de acometer las inversiones mínimas y necesarias para garantizar la seguridad de estas instituciones con un nivel certificado.
Parece incomprensible que la Administración no aborde la seguridad del patrimonio histórico con el rigor debido, publicando leyes y reglamentos específicos para esta materia. La complejidad y diversidad de instituciones y sus formas de expresión, así como la variedad de bienes a proteger, lo aconsejan.
También aconseja una adecuación legal el hecho de que buena parte del trabajo de los directores y departamentos de Seguridad se recoja en cuerpos normativos cuya antigüedad supera los veinte años, lo que les hace obsoletos y alejados del nivel de avances en tecnologías electrónicas e informáticas de seguridad que el mercado pone a disposición del sector.
¿Para cuándo estas normas específicas? ¿Es preciso que se produzcan siniestros para legislar por la vía de urgencia? ¿Nadie es consciente de que la principal industria del país es el turismo, que cada vez está más ligado al patrimonio cultural? ¿Es lógico que la seguridad de los acontecimientos deportivos esté mejor dotada por el Estado de recursos y normativa que la seguridad del patrimonio histórico?
Dejo estas preguntas en el aire para que reflexionen acerca de ellas quienes tienen responsabilidades sobre las mismas.

 

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